Modificación del RIGI: el Gobierno habilita a empresas de capital extranjero a ser proveedoras locales
El Decreto 1366/2026 elimina la exigencia de mayoría de capital nacional para los proveedores de los grandes proyectos de inversión. Las pymes industriales deberán competir por los contratos en una misma categoría con filiales de grupos internacionales.
El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y amplió las condiciones para que una empresa sea reconocida como proveedora local de los proyectos adheridos. Con la modificación del RIGI, lo que define el carácter local es dónde está constituida y domiciliada la compañía, y ya no quiénes son sus accionistas.
El cambio se oficializó este lunes 16 de noviembre mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma fue firmada el 13 de noviembre y entró en vigencia con su publicación. Modifica el Decreto 749/2024, que había reglamentado el régimen creado por la Ley de Bases (Ley 27.742).
Qué cambia para los proveedores
Hasta ahora, la reglamentación les pedía a las personas jurídicas dos condiciones para ser consideradas proveedores locales: estar constituidas y domiciliadas en el país y, además, que al menos el 51% del capital social —o de los votos necesarios para formar la voluntad de la sociedad— perteneciera a titulares con domicilio fiscal argentino. El decreto suprime esa segunda condición.
Con la nueva redacción, una sociedad radicada en el país puede calificar aunque sus accionistas sean extranjeros o su capital esté íntegramente en manos foráneas. En términos prácticos, una filial de una empresa de capital extranjero podrá competir con una firma de capitales nacionales dentro del mismo cupo.
Ese cupo lo fija la Ley de Bases: cada proyecto adherido debe contar con un plan de desarrollo de proveedores locales que contemple contrataciones por al menos el 20% del monto de la inversión destinado a proveedores. El decreto no modifica ese porcentaje; lo que cambia es quiénes pueden computarse para alcanzarlo.
Según los considerandos, el Poder Ejecutivo busca favorecer la integración de las empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro de los proyectos RIGI, atendiendo a su vínculo jurídico con el territorio nacional, y promover una mayor concurrencia de proveedores.
Los bienes siguen sujetos a reglas de origen
La modificación no significa que cualquier producto importado pase a ser considerado argentino. Para quienes suministran bienes, el decreto exige cumplir los criterios de origen nacional previstos en el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur y sus protocolos adicionales.
Será la autoridad de aplicación del régimen la que precise la metodología para verificar ese cumplimiento. El decreto no la detalla.
Otros cambios que trae el decreto
La norma toca además otros tres aspectos del régimen. Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, fija una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto, sin alterar los compromisos de cada etapa.
También habilita que terceros compren acciones de una sociedad adherida sin que el proyecto pierda sus beneficios, aunque esas compras no cuentan como inversión en activos. Las cesiones de participaciones y la incorporación de nuevos integrantes en uniones transitorias deben informarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos desde su inscripción, y esta tiene 30 días corridos para observarlas. Además, las sucursales dedicadas podrán reorganizarse como sociedades anónimas, con autorización previa y sin perder su fecha original de adhesión.
En materia de divisas, se amplían las fuentes computables: además de lo que ingresa el propio vehículo del proyecto, pueden contar los aportes de no residentes y los endeudamientos externos liquidados por accionistas, socios o sociedades vinculadas, siempre que los fondos se destinen al proyecto y tengan registros contables que permitan rastrearlos.
La preocupación de la industria nacional
El RIGI otorga incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos de gran magnitud, y está dirigido a sectores como minería, energía, petróleo y gas, infraestructura, siderurgia, tecnología, turismo y forestoindustria. La industria manufacturera no integra esa lista, por lo que su oportunidad más directa está en abastecer a esos proyectos.
En ese marco, las primeras lecturas del sector fueron críticas. Fuentes del sector manufacturero consultadas advirtieron que el concepto de lo nacional se diluye si una filial de una multinacional cuenta como local, y que el valor agregado, la ingeniería y la decisión de compra quedan fuera del país. La consultora Paspartú alertó, por su parte, que la medida podría perjudicar al entramado productivo nacional en lugar de favorecerlo.
Según el mismo medio, referentes industriales sostienen que la ventana para que las pymes industriales ingresen a los pliegos de compra es ahora, y que una pyme sin homologar con 12 a 18 meses de anticipación quedará fuera del pico de demanda. Otras cámaras empresarias señalaron que la medida no mejora el acceso al crédito ni a las divisas de la pyme proveedora.
Con la nueva reglamentación, la discusión sobre las inversiones en Argentina suma otro punto: cuánto de esos proyectos se traducirá en contratación de pymes industriales de capital nacional y bajo qué condiciones podrán competir por esos contratos.




