Ley de discapacidad: el Senado la aprobó por unanimidad y convirtió en permanentes los beneficios de la emergencia
La Cámara alta convirtió en ley el régimen permanente del sistema de discapacidad, que reemplazará la emergencia vigente hasta diciembre. El texto mantiene pensiones, aranceles y compatibilidad con el trabajo. Falta su promulgación y reglamentación.
El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, la ley de discapacidad: la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La norma mantiene los principales beneficios de la emergencia sancionada en 2025 y establece un nuevo régimen de carácter permanente. La votación terminó con 71 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones, y solo faltó la senadora Anabel Fernández Sagasti, que se encuentra con licencia por maternidad.
El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, que lo había aprobado el 22 de octubre. Como el Senado no introdujo modificaciones, quedó sancionado. La aprobación llegó después de meses de reclamos de organizaciones, familias, trabajadores y prestadores, que advirtieron sobre las dificultades económicas del sector y la incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos.
El nuevo régimen reemplazará a la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en discapacidad y cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2026. La diferencia central es que las prestaciones, las pensiones y los mecanismos de actualización dejarán de depender de una emergencia con vencimiento y pasarán a una legislación permanente. El texto también incorpora disposiciones sobre financiamiento, controles administrativos y regularización de las deudas con los prestadores.
Del veto de Milei al acuerdo legislativo
La sanción marca un cambio respecto de la posición que el Gobierno sostuvo durante 2025. Ese año, el presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad, con objeciones vinculadas con su impacto fiscal y los mecanismos de financiamiento. El Congreso rechazó el veto —el Senado lo hizo en septiembre, con 63 votos a favor y 7 en contra— y mantuvo la vigencia de la norma. Según se informó, el Gobierno la promulgó pero suspendió su aplicación hasta definir el origen de los fondos, y muchas familias recurrieron a la Justicia.
Durante 2026 las discusiones continuaron en torno a la implementación, las actualizaciones de los aranceles y los recursos necesarios. Ante el vencimiento de la emergencia, distintos sectores legislativos trabajaron en un nuevo proyecto que sostuviera los principales beneficios sin nuevas prórrogas. Diputados lo aprobó en octubre con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Luego, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Agustín Monteverde, y de Población y Desarrollo Humano, a cargo de la peronista Alicia Kirchner, firmó el dictamen sin cambios.
El resultado de este jueves refleja un acuerdo parlamentario que reunió al oficialismo y a los bloques opositores, aunque durante el debate persistieron diferencias sobre las políticas aplicadas en los últimos años.
Pensiones por discapacidad: qué establece la ley
Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. El régimen mantiene una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) sigue siendo el instrumento para acreditar la condición y acceder al régimen, de acuerdo con los requisitos previstos. La nueva ley busca establecer condiciones estables de protección social y evitar que la continuidad de los beneficios dependa de sucesivas declaraciones de emergencia. También mantiene las disposiciones orientadas a garantizar el acceso a las prestaciones de salud y rehabilitación.
La pensión será compatible con el trabajo registrado
Uno de los aspectos más relevantes para las personas con discapacidad es la posibilidad de conservar la pensión no contributiva mientras desarrollan una actividad laboral. El texto establece que el beneficio podrá ser compatible con un empleo formal o con la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La medida busca evitar que la incorporación al mercado laboral implique la pérdida automática de la protección económica. Hasta ahora, las restricciones a la compatibilidad entre pensiones y trabajo eran una preocupación de personas con discapacidad y de las organizaciones que promueven la inclusión laboral. La ley conserva además la normativa sobre empleo protegido, y su aplicación concreta dependerá de los mecanismos administrativos y de verificación correspondientes.
Prestaciones y aranceles: se mantiene la actualización
La legislación conserva el nomenclador nacional de prestaciones básicas y el principio de aranceles unificados. Ese sistema fija valores de referencia para servicios como rehabilitación, tratamientos terapéuticos y atención especializada. Los aranceles se actualizarán periódicamente según la movilidad jubilatoria, y la ley prevé mayor transparencia en la publicación de los datos presupuestarios y de los valores.
La continuidad de este sistema es uno de los principales reclamos de los prestadores, que durante los últimos años denunciaron dificultades para sostener su actividad por el aumento de los costos y las demoras en los pagos. La nueva ley busca dar mayor previsibilidad a ese esquema, aunque su funcionamiento efectivo dependerá del cumplimiento de la actualización y de los plazos de pago.
Qué pasará con Incluir Salud
El régimen contempla la continuidad de la cobertura básica de salud a través del Programa Federal Incluir Salud para quienes perciben pensiones por discapacidad y cumplen las condiciones. Es una herramienta de acceso a prestaciones sanitarias para personas que no cuentan con otra cobertura, y su funcionamiento involucra la articulación entre organismos nacionales, provincias y efectores de salud. Las organizaciones del sector señalaron reiteradamente que el reconocimiento formal de los derechos debe ir acompañado de recursos suficientes y circuitos de pago que garanticen los servicios.
Cómo se financiará el nuevo sistema
La ley establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud destinada al sistema no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior. El objetivo es impedir que la inflación reduzca los recursos. El texto también prevé que el Tesoro cubra lo que falte si los fondos resultan insuficientes.
El financiamiento fue uno de los principales puntos de discusión. Mientras el Gobierno defendió reglas permanentes y mecanismos de control del gasto, legisladores opositores reclamaron partidas suficientes para atender las necesidades del sector. Varios senadores remarcaron que el Presupuesto 2027, que se discute en Diputados, deberá incluir los recursos que la ley garantiza.
Deudas con los prestadores y plazos de pago
Otro punto relevante es la regularización de las obligaciones pendientes con los prestadores. Si existen deudas al momento de la sanción, el Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las obligaciones alcanzadas en un plazo máximo de 90 días. La disposición responde a los reclamos de instituciones, centros terapéuticos y profesionales que denunciaron retrasos en el cobro. El cumplimiento del cronograma será uno de los aspectos a seguir una vez en vigencia el régimen.
Auditorías y controles sobre los beneficios
La ley establece auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones de acceso, a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El sistema contempla cruces de información entre la ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Antes de suspender una pensión, el organismo deberá notificar a la persona y darle la posibilidad de presentar su descargo, con respeto del debido proceso.
Este punto fue especialmente debatido por los cuestionamientos de las organizaciones a las auditorías y suspensiones de los últimos años. Según informaron medios parlamentarios, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que esas revisiones tuvieron errores y que algunas personas debieron acreditar su condición más de una vez.
Las diferencias políticas durante el debate
Aunque la votación fue unánime, el tratamiento dejó expuestas distintas posiciones sobre la responsabilidad del Estado y las políticas aplicadas al sector. El senador libertario Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la creación de un sistema permanente como alternativa a las prórrogas de la emergencia. El oficialismo sostuvo que el nuevo régimen permitirá reglas más estables y mejores controles sobre el uso de los recursos.
Bullrich defendió el acuerdo y lo definió como “un acuerdo político y social”, y sostuvo que la nueva legislación da un marco de mayor estabilidad. Desde la oposición, Alicia Kirchner planteó que la sanción representa un avance, pero advirtió que todavía quedan problemas estructurales por resolver; al firmar el dictamen había señalado que toda ley es perfectible, pero que era fundamental sancionarla antes del 31 de diciembre.
La senadora Lucía Corpacci cuestionó las políticas del Gobierno y destacó el papel de las movilizaciones de las organizaciones de discapacidad para impulsar el tratamiento legislativo. El radical Maximiliano Abad señaló las dificultades que atravesaron profesionales, instituciones y familias por los atrasos en los pagos y la pérdida de previsibilidad. El respaldo de todos los bloques permitió cerrar una discusión que había generado fuertes enfrentamientos durante 2025 y 2026.
El reclamo de las organizaciones y las familias
La sanción se produjo en una jornada en la que organizaciones de personas con discapacidad, familiares, profesionales y prestadores volvieron a movilizarse frente al Congreso para asegurar la continuidad de los derechos y reclamar soluciones de financiamiento. Durante los últimos meses advirtieron sobre demoras en los pagos, dificultades para sostener tratamientos y problemas económicos en las instituciones. En ese contexto, la reciente visita del papa León XIV a la Argentina contribuyó a dar mayor visibilidad pública a los reclamos del sector.
Qué falta para que la ley comience a aplicarse
Con la aprobación del Senado, el Congreso completó el proceso legislativo. El siguiente paso corresponde al Poder Ejecutivo, que deberá promulgar y publicar la ley y luego reglamentarla en un plazo máximo de 30 días. Ese proceso deberá precisar los mecanismos para aplicar las disposiciones sobre pensiones, prestaciones, controles y financiamiento.
La sanción no implica que las deudas con los prestadores estén canceladas ni que los cambios administrativos estén operativos desde este jueves. La aplicación efectiva dependerá de la actuación de los organismos competentes y de los recursos asignados. El desafío inmediato será que los derechos reconocidos por el Congreso se traduzcan en pagos oportunos, cobertura sanitaria, continuidad de los tratamientos y mayor previsibilidad para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.
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