La Corte Suprema declaró inconstitucional parte del DNU de Milei y ordenó volver a controlar los aumentos de las prepagas
El máximo tribunal invalidó los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado la intervención estatal sobre los precios de la medicina privada. Los jueces consideraron que el Gobierno no acreditó una urgencia que justificara modificar la legislación mediante un decreto. El fallo puede incidir en los reclamos judiciales de afiliados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, dictado por el gobierno de Javier Milei, que habían eliminado los mecanismos de control estatal sobre los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
La resolución, conocida este jueves 19 de noviembre, obliga a restituir las facultades de fiscalización y autorización de incrementos que la ley había otorgado a la Superintendencia de Servicios de Salud. El pronunciamiento fue firmado por los tres integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y es la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre el DNU 70/2023.
Los magistrados consideraron que el Poder Ejecutivo no justificó adecuadamente las circunstancias excepcionales que le permitieran modificar por decreto el régimen de regulación de las empresas de medicina privada. La decisión representa un límite judicial a uno de los componentes de la desregulación económica impulsada por el Gobierno desde diciembre de 2023.
Sin embargo, el fallo no establece un congelamiento general de cuotas ni dispone que todos los afiliados reciban automáticamente una devolución por los aumentos aplicados. La Corte restituyó el sistema de intervención administrativa, pero dejó en manos de la autoridad competente la evaluación de los incrementos, de acuerdo con los criterios de la legislación.
Por qué la Corte declaró inconstitucional la medida
El eje central de la sentencia es la utilización del decreto de necesidad y urgencia para eliminar mecanismos de regulación establecidos por una ley del Congreso. La Constitución Nacional permite al Poder Ejecutivo dictar normas de esta naturaleza únicamente ante circunstancias excepcionales que impidan seguir el procedimiento legislativo ordinario o que requieran una respuesta inmediata incompatible con los tiempos parlamentarios.
Para la Corte, la invocación de una crisis económica o de dificultades en el sistema sanitario no alcanza por sí sola para justificar el uso de esas atribuciones extraordinarias. Los jueces señalaron que el Gobierno debía explicar de manera concreta por qué resultaba indispensable eliminar de forma urgente la supervisión estatal de las cuotas.
El DNU 70/2023 había fundamentado la liberalización de precios en la necesidad de promover la competencia y modificar restricciones existentes en distintos sectores. Según la sentencia, esos argumentos no demostraron que el Congreso estuviera imposibilitado de intervenir ni que existiera una urgencia específica que justificara prescindir del procedimiento legislativo.
El tribunal reafirmó así que las facultades legislativas excepcionales del Presidente deben interpretarse de manera restrictiva y no pueden utilizarse simplemente porque el Gobierno considere más conveniente o rápido avanzar mediante un decreto.
Qué artículos del DNU fueron invalidados
La resolución alcanza específicamente a los artículos 267 y 269 del decreto 70/2023, que habían modificado la Ley 26.682, marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga. Antes de la desregulación, la Superintendencia de Servicios de Salud tenía atribuciones para fiscalizar los valores de las cuotas y autorizar incrementos respaldados por modificaciones en la estructura de costos y cálculos actuariales razonables.
El decreto eliminó esos mecanismos y permitió que las empresas establecieran los valores de sus planes sin autorización administrativa previa. La declaración de inconstitucionalidad se limita a las disposiciones cuestionadas en el expediente y no implica que el máximo tribunal haya invalidado la totalidad del DNU 70/2023.
El caso de una afiliada que sufrió un aumento del 110%
La intervención de la Corte se produjo a partir de una demanda presentada por una afiliada a una empresa de medicina prepaga. Según los antecedentes del expediente, la cuota de su cobertura registró un aumento acumulado del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, después de la entrada en vigencia del decreto.
La afiliada cuestionó judicialmente los incrementos y planteó la inconstitucionalidad de las disposiciones que habían eliminado los controles. La causa llegó a la Corte luego de una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había admitido parcialmente el reclamo; tanto la empresa demandada como el Estado Nacional presentaron recursos. La Corte confirmó la inconstitucionalidad, aunque modificó otro aspecto importante de la resolución de la Cámara.
El fallo no establece un tope automático por inflación
Uno de los puntos centrales es que la Corte no convalidó la aplicación automática del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como límite para los incrementos. La sentencia de la Cámara Federal de La Plata había dispuesto restricciones relacionadas con la evolución de ese indicador, pero el máximo tribunal revocó ese criterio y estableció que corresponde a la autoridad administrativa competente evaluar los aumentos conforme a los parámetros legales.
La diferencia es relevante para los afiliados: el fallo no significa que las empresas solamente podrán aumentar sus cuotas en el mismo porcentaje que la inflación mensual, ni que todos los incrementos aplicados desde diciembre de 2023 queden automáticamente anulados. Lo que se restablece es la obligación de someter las modificaciones tarifarias al control del organismo estatal, que deberá examinar los fundamentos económicos y técnicos de los aumentos.
Qué cambia para los afiliados
La resolución introduce un cambio importante en el esquema de supervisión de los precios de la medicina privada. Con el pronunciamiento de la Corte, la autoridad de aplicación deberá recuperar las funciones de revisión y fiscalización, y las variaciones tarifarias deberán evaluarse conforme a criterios de razonabilidad, estructura de costos y sostenibilidad de las prestaciones.
La decisión no fija un precio uniforme para todos los planes ni establece que todas las empresas deban aplicar idénticos porcentajes. Los valores podrán seguir variando según las características de las coberturas y las condiciones de la regulación. El efecto inmediato más relevante es que el Estado vuelve a tener un papel decisivo en la evaluación de los incrementos, en lugar de dejar esa determinación exclusivamente en manos de las compañías.
Qué puede pasar con los reclamos judiciales
El pronunciamiento podría tener consecuencias sobre los expedientes iniciados desde la implementación de la desregulación, ya que se registraron reclamos de afiliados en distintos tribunales del país que cuestionaron los incrementos aplicados después de diciembre de 2023. Antes de este fallo, varias cámaras federales ya habían declarado la inconstitucionalidad de los mismos artículos en casos particulares.
Aunque la sentencia constituye un antecedente de gran relevancia, sus efectos sobre cada expediente dependerán de las circunstancias particulares y de las resoluciones que correspondan. Por eso la declaración de inconstitucionalidad no puede interpretarse como una orden general e inmediata de devolución de las sumas cobradas por las empresas.
Un límite a la desregulación del Gobierno
El decreto 70/2023 fue una de las primeras medidas de alcance económico y normativo adoptadas por Javier Milei después de asumir la Presidencia. Entre sus objetivos se encontraba reducir la intervención estatal en diferentes actividades económicas, y la medicina prepaga fue uno de los sectores alcanzados. La eliminación de la autorización previa de los aumentos abrió un período de incrementos significativos de las cuotas y derivó en numerosas presentaciones judiciales.
La sentencia no constituye una evaluación de toda la política económica del Gobierno, pero sí establece un límite constitucional al procedimiento utilizado para modificar el régimen de precios del sector. La discusión también pone nuevamente en el centro el papel del Estado en la supervisión de servicios vinculados con derechos fundamentales, como el acceso a la salud.
A partir de este fallo, la atención estará puesta en las medidas que adopte la Superintendencia de Servicios de Salud para cumplir con la resolución y en la evolución de los reclamos judiciales pendientes. El Gobierno deberá adecuar su actuación al criterio del máximo tribunal, mientras las empresas de medicina prepaga enfrentarán nuevamente un régimen de control administrativo sobre los aumentos de sus cuotas.
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