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La CGT convocó a una marcha por la crisis de las obras sociales y prepara ceses de actividades para diciembre

La conducción cegetista resolvió movilizarse el jueves 26 de noviembre a la Superintendencia de Servicios de Salud. También proyecta interrupciones parciales de actividades con asambleas para mediados de diciembre. Los sindicatos denuncian dificultades para financiar prestaciones y demoras en los reintegros del sistema solidario.

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Dirigentes de la CGT durante un acto de la central sindical. Foto: Prensa CGT.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió un nuevo calendario de medidas gremiales que comenzará el jueves 26 de noviembre con una movilización frente a la Superintendencia de Servicios de Salud, en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada durante una reunión de la conducción sindical realizada el jueves 19 en la sede del Sindicato del Seguro.

Los dirigentes analizaron la situación financiera de las obras sociales sindicales y resolvieron profundizar sus reclamos al Gobierno nacional.

Además de la movilización, la CGT proyecta realizar ceses parciales de actividades de dos a cuatro horas a mediados de diciembre.

La modalidad prevista contempla asambleas en los lugares de trabajo, sin abandonar necesariamente los establecimientos.

La central sindical todavía no comunicó una fecha precisa para esa medida ni anunció un paro general para diciembre.

La marcha del 26 de noviembre

La primera protesta se realizará frente a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud, ubicada en Bartolomé Mitre al 400, en la Ciudad de Buenos Aires.

El principal reclamo está relacionado con el funcionamiento económico del sistema de obras sociales.

Según la conducción sindical, numerosas entidades enfrentan dificultades para sostener prestaciones médicas, afrontar los pagos a profesionales y financiar tratamientos de alto costo.

Los dirigentes sostienen que el aumento de las obligaciones prestacionales y la insuficiencia de los mecanismos de reintegro generan una presión creciente sobre sus presupuestos.

La CGT reclama una respuesta del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, y de los organismos responsables del financiamiento y la fiscalización del sistema.

Los sindicatos consideran que la situación requiere medidas urgentes para garantizar la continuidad de las coberturas.

El conflicto por el Fondo Solidario de Redistribución

Uno de los puntos centrales de la discusión es el funcionamiento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

Este mecanismo se financia con aportes y contribuciones destinados al sistema de obras sociales y permite cubrir determinadas prestaciones mediante mecanismos de compensación y reintegro.

Según estimaciones de fuentes sindicales citadas durante el debate, alrededor del 90% de los recursos del fondo estaría destinado actualmente a prestaciones vinculadas con discapacidad.

Las mismas fuentes calculan que esas obligaciones representan aproximadamente 160.000 millones de pesos mensuales.

Se trata de cifras atribuidas a los equipos técnicos sindicales, que deben diferenciarse de un balance oficial auditado del organismo.

La CGT sostiene que esa concentración de recursos reduce la capacidad de financiar otras prestaciones de alta complejidad y medicamentos costosos.

Por ese motivo, reclama revisar los mecanismos de distribución y ampliar las fuentes de financiamiento.

Las negociaciones con el Ministerio de Salud

Los dirigentes sindicales mantuvieron durante los últimos meses distintas reuniones con el ministro Mario Lugones.

De acuerdo con fuentes gremiales, hubo tres encuentros reservados destinados a analizar alternativas para enfrentar el deterioro financiero de las obras sociales.

Sin embargo, la conducción cegetista sostiene que todavía no recibió respuestas suficientes a sus propuestas.

Entre los planteos figura la posibilidad de que determinadas prestaciones de transporte y educación vinculadas con discapacidad sean financiadas mediante partidas de las áreas estatales correspondientes.

El Gobierno no informó, en las fuentes consultadas, un acuerdo definitivo sobre ese reclamo.

La discusión se desarrolla en paralelo con la aprobación legislativa del nuevo régimen permanente de discapacidad, sancionado por el Senado el jueves 19 de noviembre.

Aunque ambos asuntos están relacionados con el financiamiento de prestaciones, constituyen debates institucionales diferentes.

Quiénes participaron de la reunión

El encuentro contó con la presencia de los cotitulares de la CGT Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

También participaron dirigentes como Héctor Daer, Sergio Romero, Sergio Sasia y Guillermo Moser.

Durante la reunión se evaluó la evolución del diálogo con el Gobierno y la posibilidad de sostener nuevas acciones sindicales.

La conducción resolvió avanzar con una estrategia de protestas escalonadas, comenzando por la movilización del 26 de noviembre.

La central busca mantener abierta la negociación con las autoridades nacionales, pero considera necesario visibilizar los reclamos de las obras sociales.

Cómo será la medida de diciembre

La segunda instancia del plan gremial está prevista para mediados de diciembre.

La CGT proyecta promover interrupciones parciales de actividades de dos a cuatro horas acompañadas por asambleas en los establecimientos.

La diferencia respecto de un paro general es importante: la modalidad anunciada contempla permanecer en los lugares de trabajo y desarrollar acciones informativas y de protesta.

Todavía no se definieron públicamente los gremios que participarán, la fecha exacta ni los horarios de los ceses.

Esos detalles deberán resolverse mediante nuevas reuniones de la conducción sindical.

Por ahora, la medida confirmada con fecha es la movilización del jueves 26 ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

La evolución del conflicto dependerá de las respuestas del Gobierno y de la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre el financiamiento del sistema de obras sociales.

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