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El Gobierno amplió el Presupuesto 2026 en $15,6 billones, redujo el superávit y autorizó más operaciones de deuda

A través del DNU 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó las cuentas públicas para afrontar mayores gastos en PAMI, intereses de deuda y funcionamiento de organismos estatales. El aumento de las erogaciones supera al de los recursos previstos y reduce el superávit estimado para el cierre del año.

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Sede del Ministerio de Economía, en el centro porteño.

El Gobierno nacional dispuso una ampliación del Presupuesto 2026 de aproximadamente $15,6 billones y redujo en cerca de $7,5 billones el superávit fiscal previsto para el cierre del ejercicio. La medida se formalizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, firmado el 18 de noviembre y publicado este jueves 19 en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y de los ministros, en acuerdo general de ministros.

Según el análisis de las planillas anexas, la modificación equivale al 10,2% de los créditos presupuestarios vigentes antes de la medida, que ascendían a unos $152,47 billones. El refuerzo se concentra principalmente en el PAMI, los servicios de la deuda pública y distintas obligaciones de organismos estatales.

El decreto incorpora además, en su artículo 3, un aumento de $78,7 billones en el monto autorizado para operaciones de crédito público con plazo mínimo de amortización de 90 días. Es un límite legal de endeudamiento: no significa que el Gobierno haya contraído deuda por ese monto.

EL SUPERÁVIT PREVISTO SE REDUCE EN $7,5 BILLONES

De acuerdo con las estimaciones que surgen de las planillas anexas, el gasto autorizado aumenta unos $15,6 billones, mientras que los recursos previstos suben alrededor de $8,1 billones. La diferencia, de unos $7,5 billones, se refleja en el resultado fiscal: el saldo positivo presupuestado pasaría de unos $26,4 billones a cerca de $18,9 billones, una reducción aproximada del 28%.

El esquema mantiene así un superávit proyectado para el cierre de 2026, aunque menor al previsto antes de la modificación. Las cifras provienen de estimaciones presupuestarias, no del resultado efectivo del año.

Los datos de ejecución citados en el análisis de la medida indican que, al 16 de noviembre, el sector público nacional acumulaba un resultado positivo cercano a los $33,2 billones. Como parte de las erogaciones adicionales se concentrará en las últimas semanas del año, ese acumulado no permite anticipar por sí solo el saldo final.

QUÉ DICE EL DECRETO SOBRE LOS REFUERZOS

Los considerandos del DNU enumeran los motivos de los refuerzos. Entre ellos figuran el pago de prestaciones previsionales por la aplicación de la Ley de Movilidad (26.417), el refuerzo de ingreso previsional para jubilados y pensionados, las asignaciones familiares y las pensiones no contributivas.

También menciona la prestación por desempleo, a raíz del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil dispuesto por la Resolución 4 del 1° de septiembre de 2026; el aumento de haberes del personal de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas; el programa Incluir Salud, para atender deudas con prestadores en el marco de la ley de emergencia en discapacidad (27.793); y el Plan 1000 días.

El Poder Ejecutivo sostiene en el texto que, de no realizarse la adecuación de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales a cargo del Estado nacional.

PAMI RECIBE EL PRINCIPAL REFUERZO

Según el análisis de los anexos, las transferencias al PAMI se incrementan en aproximadamente $10 billones, cerca de dos tercios de la ampliación total. El decreto señala que se refuerzan los créditos de la ANSES por transferencias al organismo, en función de las retenciones practicadas sobre los haberes previsionales.

INTERESES DE DEUDA: OTROS $3,9 BILLONES

El segundo mayor refuerzo corresponde al Servicio de la Deuda Pública, con unos $3,9 billones adicionales para intereses y otros servicios financieros del ejercicio. El decreto indica que se readecuan los créditos de esa jurisdicción para atender los servicios financieros de la deuda del año.

Conviene distinguir entre ambas cosas: ampliar el crédito para pagar intereses no equivale a emitir nueva deuda, y la autorización de crédito público de $78,7 billones fija un tope, no una colocación.

AUTORIZACIÓN ADICIONAL DE $78,7 BILLONES

El artículo 3 incrementa en $78.700.000.000.000 el monto autorizado en la planilla anexa al artículo 44 de la Ley 27.798 de Presupuesto para operaciones de crédito público con plazo mínimo de amortización de 90 días.

Cuánto de ese margen se utilice dependerá de las operaciones que realice el Tesoro, que deberán observarse en los registros oficiales de deuda pública.

OTROS REFUERZOS Y UNA REDUCCIÓN EN SERVICIOS ECONÓMICOS

Entre los refuerzos puntuales que surgen de los anexos figuran unos $800.000 millones para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría y unos $200.000 millones para Gendarmería Nacional.

En sentido contrario, la finalidad Servicios Económicos registra una disminución aproximada de $2,3 billones. Las planillas agregadas no permiten, por sí solas, precisar qué programas concentran esa reducción.

AVALES A PROVINCIAS Y SENTENCIAS PREVISIONALES

El artículo 4 sustituye el destino de un aval del Tesoro a la provincia de Córdoba por hasta 100 millones de dólares: de “Economía Circular” pasa a “Infraestructura Hídrica y de Saneamiento”. También incorpora un aval para Santa Fe, destinado a defensa contra inundaciones en el departamento San Javier.

El artículo 5 fija $543.205.555.376 para el pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.

QUÉ SIGNIFICA PARA LAS CUENTAS PÚBLICAS

El Presupuesto 2026 había proyectado una inflación anual de 10,1%. El decreto no menciona la inflación como fundamento, pero sí actualizaciones de haberes, salario mínimo y prestaciones que elevan el gasto autorizado.

La modificación aumenta los créditos, reduce el superávit proyectado y amplía el margen legal de endeudamiento. El resultado definitivo del año dependerá de cuánto se ejecute de los créditos adicionales y de la evolución de la recaudación.

Por tratarse de un DNU, el decreto dispone dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que debe pronunciarse sobre su validez.

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