Causa UOM: Abel Furlán declaró ante la Justicia, negó irregularidades y pidió su sobreseimiento
El dirigente presentó un escrito en la causa que investiga los contratos del sindicato y su obra social con la empresa USEM. También solicitó que se levanten la inhibición de sus bienes y el bloqueo de sus cajas de seguridad.
El exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py y pidió su sobreseimiento en la causa que investiga presuntas irregularidades en la administración de fondos del sindicato y de su obra social.
El dirigente entregó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini en el que rechazó la acusación vinculada con la contratación de la empresa USEM S.A. y sostuvo que no hubo un perjuicio para el gremio ni para sus afiliados.
“El hecho investigado no se cometió”, afirmó Furlán en la presentación, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Además de solicitar que se cierre la investigación a su respecto, la defensa pidió que se deje sin efecto la inhibición general de bienes y el bloqueo de cajas de seguridad dispuestos en el expediente.
La causa permanece en etapa de investigación. La citación a indagatoria y las medidas cautelares no equivalen a una condena, y el planteo de sobreseimiento deberá ser evaluado por el juzgado.
Qué investiga la Justicia
El expediente se centra en dos contratos firmados en febrero de 2023 entre USEM S.A., la UOM y la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, conocida como OSUOMRA.
Según la hipótesis investigada, los acuerdos habrían formado parte de una presunta maniobra de administración fraudulenta que pudo perjudicar el patrimonio del sindicato y de su obra social y favorecer a la empresa contratada.
Los convenios tenían una vigencia prevista de diez años, desde marzo de 2023 hasta febrero de 2033, y estaban relacionados con tareas de gestión vinculadas con fondos, cuentas y circuitos de pago.
Uno de los puntos bajo análisis es que USEM había sido constituida unos 82 días antes de la firma de los contratos. La investigación también examina el vínculo de María Soledad Calle con la firma y con el sindicato.
De acuerdo con los datos incorporados a la causa y difundidos por medios judiciales, Calle era empleada de la UOM y, al mismo tiempo, accionista titular del 50% de USEM y directora suplente de la sociedad. Los investigadores buscan determinar si esa situación implicó un conflicto de intereses y si la contratación tuvo justificación y prestación efectiva.
El descargo de Furlán
En su escrito, Furlán rechazó que hubiera existido una maniobra delictiva y aseguró que la contratación de USEM tuvo antecedentes y fue aprobada por las autoridades sindicales.
“La contratación no fue una decisión personal, clandestina ni carente de antecedentes”, sostuvo el dirigente en la presentación.
Según su versión, antes de los acuerdos cuestionados existían contratos vinculados con un fideicomiso del Banco Nación y con la administración de la empresa Donington S.A. La defensa explicó que, ante el vencimiento de esos acuerdos, los órganos del sindicato evaluaron cómo continuar con la operatoria.
Furlán afirmó que la contratación de una persona jurídica respondía a necesidades del esquema acordado con el banco. También sostuvo que la decisión contó con las aprobaciones internas correspondientes y que los servicios fueron prestados.
El exsecretario general negó que tuviera facultades personales para administrar los fondos en los términos que se investigan y rechazó que la participación de Calle en USEM demostrara por sí misma una irregularidad.
Sobre la constitución de la empresa poco antes de la firma de los convenios, planteó que una sociedad puede organizarse para atender una necesidad concreta. A su criterio, lo relevante es verificar si tuvo existencia real, capacidad y actividad efectiva.
Las explicaciones forman parte de la posición de la defensa. Corresponderá a la Justicia evaluarlas junto con los contratos, los movimientos de fondos y el resto de la prueba incorporada al expediente.
El pedido por sus bienes
Además del sobreseimiento, Furlán solicitó que se levanten las restricciones patrimoniales que el juez había dispuesto antes de la audiencia.
La inhibición general es una medida cautelar que restringe la posibilidad de disponer de determinados bienes registrables. Su dictado no implica que exista una condena ni supone que se haya demostrado un perjuicio económico.
La defensa también pidió que se deje sin efecto el bloqueo de las cajas de seguridad. Según sus argumentos, no existirían motivos suficientes para mantener esas medidas mientras continúa la investigación.
El sobreseimiento es una resolución judicial que, si se dicta y queda firme, cierra la causa respecto de la persona alcanzada. El pedido de Furlán no significa que el juez ya lo haya concedido.
Los otros citados y los próximos pasos
En la misma investigación fueron convocados otros exdirigentes del sindicato y personas vinculadas con USEM. Entre ellas se encuentra María Soledad Calle, cuya declaración estaba prevista para el 24 de noviembre.
Las fechas de las audiencias pueden modificarse. La citación da a las personas investigadas la posibilidad de conocer la imputación y ejercer su defensa; no implica que se haya establecido su responsabilidad penal.
Luego de recibir las declaraciones y analizar las medidas de prueba pendientes, el juzgado deberá resolver la situación procesal de los imputados y los pedidos formulados por sus defensas.
La intervención del gremio
La investigación penal se desarrolla en paralelo a otro proceso judicial vinculado con la conducción de la UOM.
En mayo de 2026, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso la intervención del sindicato y el cese de sus autoridades tras cuestionar la validez del proceso electoral de la seccional Campana y sus consecuencias sobre la elección nacional.
Aquella decisión corresponde al fuero laboral y se refiere a la situación institucional y electoral del gremio. Es un expediente distinto de la investigación penal sobre los contratos con USEM.
Furlán había asumido la secretaría general de la UOM en 2022 y fue desplazado de la conducción a partir de la resolución de la Cámara laboral. Su presentación de este miércoles vuelve a poner el foco en la disputa judicial sobre el manejo de los recursos del sindicato y de su obra social.



