Algodonera Avellaneda: la Justicia frenó la producción y dispuso la extinción de 243 contratos
La empresa está en quiebra desde octubre. El juzgado ordenó suspender gradualmente la actividad por las pérdidas, mantener guardias y acelerar la búsqueda de compradores hasta el 30 de noviembre.
La Justicia dispuso la suspensión gradual de la actividad de Algodonera Avellaneda y resolvió la extinción de los contratos de 243 trabajadores en el marco de la quiebra de la compañía, vinculada a la familia Vicentin.
La medida alcanza a la hilandería ubicada en Reconquista, Santa Fe, y a las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. La empresa había sido declarada en quiebra el 14 de octubre de 2026.
El juez Fabián Lorenzini ordenó que la interrupción de la actividad se realice de manera progresiva y que se mantengan tareas de cuidado y vigilancia mientras continúa la búsqueda de compradores. La resolución aclaró que la suspensión no implica necesariamente un cierre definitivo de los establecimientos.
Según la explicación difundida por el juzgado, la decisión apunta a frenar pérdidas que crecen más rápido que los ingresos de la operación y a preservar los activos para una eventual venta.
Cómo se distribuyen los 243 puestos
Al momento de la quiebra, la empresa tenía 243 trabajadores vinculados a la actividad: 204 en la hilandería de Reconquista, 21 en Bandera y 18 en General Pinedo.
La resolución dispuso la extinción de los vínculos laborales por causa de la quiebra, pero estableció distintos momentos para su aplicación.
Para quienes ya no eran necesarios para la continuidad, el cese se dispuso con la resolución. En otros casos, el vínculo continuará hasta que finalicen las tareas en curso o las guardias informadas por la sindicatura. El juzgado también contempló la situación del personal que trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión coloca a los trabajadores alcanzados en situación legal de desempleo y permite avanzar con los trámites correspondientes. El juzgado dispuso comunicaciones a organismos laborales y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para facilitar el acceso a las prestaciones que correspondan.
Las deudas salariales e indemnizatorias deberán tramitarse en el proceso de quiebra, de acuerdo con los procedimientos y prioridades establecidos judicialmente.
Una producción que no cubría los costos
La resolución se conoció después de que la sindicatura —el órgano que interviene en la administración y el seguimiento de la quiebra— informara que la continuidad de la actividad generaba nuevas pérdidas.
La hilandería trabajaba principalmente mediante contratos a fasón. Bajo esa modalidad, otra empresa entrega la materia prima y paga por su procesamiento industrial.
Según la información presentada en el expediente, los ingresos de esa operatoria resultaban insuficientes para cubrir la totalidad de los costos, entre ellos electricidad, insumos, servicios y salarios.
El juzgado también tomó en cuenta la deuda con la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe. De acuerdo con la documentación judicial, la distribuidora había intimado el pago de más de $4.600 millones.
En las desmotadoras de Chaco y Santiago del Estero, la campaña algodonera de 2026 ya había finalizado y no se esperaba el ingreso de nueva materia prima hasta la cosecha de 2027.
La búsqueda de compradores
La decisión judicial incluye la conservación de las plantas y la búsqueda de interesados en adquirir los activos. El juzgado fijó el 30 de noviembre como plazo para la presentación de propuestas concretas.
La posibilidad de una venta no garantiza, por sí sola, la reapertura de los establecimientos ni la continuidad de los puestos de trabajo. Esas definiciones dependerán de las ofertas que se presenten y de las decisiones que se adopten en el expediente.
Mientras tanto, la suspensión productiva y la pérdida de los vínculos laborales afectan a trabajadores de tres provincias y a las localidades donde la actividad algodonera y textil forma parte de la economía regional.



